La clausura se realizó por la violación a una orden judicial, con la que se ordenó la suspensión de la edificación en este predio
Acorde a los procedimientos vigentes fueron detenidos 81 trabajadores de la obra, siendo remitidos a las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública
La Dirección de Inspección y Vigilancia actúo de una manera resolutiva ante la emisión de esta orden judicial
El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, realizó la clausura de las obras de edificación de dos torres destinadas para departamentos y oficinas, pertenecientes al Grupo Eco Developers, esto debido a que no acataron una orden judicial que indica la suspensión de labores.
“Estuvimos informando a lo largo de esta semana de la actuación que hay en los juzgados respecto a la obra que están llevando a cabo, y que hay un amparo o una suspensión otorgada por el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), donde ordena detener los trabajos de edificación”, explicó Luis David González, Director de Inspección y Vigilancia, instancia que ejecutó la clausura respectiva con el apoyo de elementos de la Policía Municipal.
El lunes 26 de diciembre, Inspección y Vigilancia notificó a Grupo Eco Developers, a través de un acta circunstanciada, sobre esta resolución y procedió a colocar un sello con la leyenda “OBRA SUSPENDIDA”, cumplimentando la orden judicial emitida por un tribunal.
“(Grupo Eco Developers) promovió un amparo, el cual les fue concedido, pero su contraparte interpuso una queja, la cual hizo que se revocara el amparo que ellos habían conseguido para seguir trabajando. Por eso, mientras no se resuelva, no pueden seguir los trabajos”, afirmó el titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia sobre esta edificación, localizada sobre Avenida Acueducto, en el fraccionamiento Puerta de Hierro.
Debido a la violación en la que Grupo Eco Developers incurrió por continuar con la edificación de estas torres, y acorde a los procedimientos vigentes, fueron detenidos 81 trabajadores de esta obra y remitidos a las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública, donde deberán pagar una multa, cuya suma, acorde a lo indicado por la Dirección de Juzgados Municipales, oscila entre mil 700 y 7 mil pesos por cada empleado.
“Nosotros estamos siendo resolutivos a una orden judicial, no es por un tema reglamentario. La obra cuenta con licencias municipales, con dictámenes de Plan Parcial de Desarrollo, aparentemente, todo en regla. Lo que la contraparte está pidiendo es la revisión de sus expedientes, (y esto) se deberá dirimir en tribunales. Nosotros simplemente debemos acatar los que los jueces determinen, tenemos que actuar completamente apegados a las leyes y reglamentos”, finalizó Luis David González.